Los Hechos / José Inés Figueroa Vitela

¿No hay problema?
Los informes de la Auditoría Superior de la Federación suelen ser grandilocuentes en algunos apartados, como para escandalizar al más plantado y neófito en sus vericuetos.

Miércoles 06 de Marzo del 2019

Por: José Inés Figueroa Vitela

19:50 Hrs.

Los informes de la Auditoría Superior de la Federación suelen ser grandilocuentes en algunos apartados, como para escandalizar al más plantado y neófito en sus vericuetos.

De las revisiones a obras de pavimentación ejecutadas en el 2 mil 7 en Victoria capital, con fondos federales, hace una serie de observaciones, relacionadas con la falta del desarrollo de estructuras de seguimiento y supervisión social.

Buena parte del documento, en su lectura, parece que está cuestionando el manejo de los programas, pero termina por reconocer que las especificaciones de las obras incluso superaron las dimensiones proyectadas y contratadas, que los recursos se aplicaron justamente y hasta hubo remanentes reintegrados a la federación.

Ese es un botón de muestra.

Cuando atiende a la auditoría practicada a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la ASF habla de “pagos irregulares” a maestros, aludiendo a sumas extraordinarias que deben reintegrarse a la hacienda pública.

Igual señala recursos, en cientos de millones de pesos, casi la mitad de lo que corresponde al Estado financiar al Alma Mater, que no fueron entregados, requiriendo investigación y sanciones.

En cuanto a los docentes cuestionados en su derecho, la solventación se remite a un simple informe de la Secretaría de Educación Pública sobre los perfiles de los catedráticos, que validan su contratación y remuneraciones.

Sobre la parte complementaria -el 40 por ciento de su presupuesto- que el Estado debe entregar a la UAT, pesa un apartado que remite a la “disponibilidad de recursos”, así que si no se asigna la totalidad -como de hecho hace años no se ha hecho-, la excluyente jurídica resulta en “solventación”.

Ahora que ha entrado en polémica y reclamos, entre muchas otras acciones emprendidas por el nuevo gobierno federal, la cancelación del apartado de salud del Programa Prospera, significado en el despido de cientos de trabajadoras y la desatención a la salud de sectores populares, no han faltado quienes se han remitido a los informes del ente fiscalizador federal.

Al cierre del ejercicio del 2017, entre las 15 observaciones, una Solicitud de Aclaración, 8 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de Observaciones, la ASF determinó que más de la mitad de los 90 millones de pesos asignados a Tamaulipas, la Secretaría de Salud del Estado no los aplicó, o desvió su destino.

“En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió́ el oficio numero CG/CSyA/0901/2018 de fecha 4 de junio de 2018, mediante el cual se presenta información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 26 y 28 se consideran como no atendidos”, reza sobre el particular la sentencia.

¿Hasta dónde llegan los rigorismos y cuáles son las consecuencias finales del actuar institucional en cada apartado de esa escena? Es algo que todavía está por verse, pero que en el actuar de un nuevo gobierno federal, asoma consecuencias, otra vez, contra los más débiles.

Nada nuevo bajo el sol.

En torno del informe de su primer año de gestión, que recién presentó el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, el Titular del Órgano Interno de Control, SERGIO LEOPOLDO BELLO CANO, entregó su propio informe de cumplimiento de funciones, en las atribuciones que competen a este órgano de vigilancia y fiscalización de los recursos.

El documento, refleja por igual el balance de las actividades jurídico administrativas y las de de fiscalización, entre otras, acciones de transparencia y acceso a la información, procesos de entrega-recepción, recursos financieros erogados y fiscalizados.

La Unidad Administrativa con autonomía técnica y de gestión, en base al estatuto interno del Alma Mater, promueve, evalúa y fortalece el buen funcionamiento del control interno, así como fiscaliza el correcto ejercicio de los recursos públicos en la UAT.

Por los rumbos del Congreso Local, en la plenaria celebrada ayer, se dio entrada, se discutió y aprobó con dispensa de trámite, por el voto unánime de los diputado presentes, la Minuta con proyecto de decreto enviada por la Cámara Baja del Congreso de la Unión, con las reformas constitucionales que dan paso a la creación de la Guardia Nacional.

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