Los Hechos / José Inés Figueroa Vitela

El bono ya se acabó
No es cierto que los requerimientos que la Auditoría Superior del Estado empezó a hacer para la restitución de 2 mil millones de pesos a la administración estatal pasada sean el fin del “tiempo de gracia” extendido a aquel por el gobierno en turno, como algunos pretenden. Los tiempos en la agenda de la fiscalización están precisamente medidos por la ley y han corrido los plazos para las aclaraciones, hasta el punto en que procede la restitución de los presuntos quebrantos al patrimonio público no solventados. Quienes fueron responsables del Instituto de Previsión y Servicios Sociales del Estado de Tamaulipas no han aclarado el destino de mil 300 millones de pesos y los de la Secretaría de Educación de Tamaulipas de otros 700 millones de pesos, de acuerdo los arqueos y requerimientos de a la Auditoría Superior.

Martes 11 de Septiembre del 2018

Por: José Inés Figueroa Vitela

18:13 Hrs.

No es cierto que los requerimientos que la Auditoría Superior del Estado empezó a hacer para la restitución de 2 mil millones de pesos a la administración estatal pasada sean el fin del “tiempo de gracia” extendido a aquel por el gobierno en turno, como algunos pretenden.

Los tiempos en la agenda de la fiscalización están precisamente medidos por la ley y han corrido los plazos para las aclaraciones, hasta el punto en que procede la restitución de los presuntos quebrantos al patrimonio público no solventados.

Quienes fueron responsables del Instituto de Previsión y Servicios Sociales del Estado de Tamaulipas no han aclarado el destino de mil 300 millones de pesos y los de la Secretaría de Educación de Tamaulipas de otros 700 millones de pesos, de acuerdo los arqueos y requerimientos de a la Auditoría Superior.

En esto nada tendría qué ver el que el Partido que gobernó hasta el sexenio pasado, el PRI, haya incumplido pretendidos requerimientos del nuevo partido en el Poder, o que su bancada en el Congreso Local de visos de oposición al sistema doméstico actuante.

En principio, porque pese a la incidencia del ex Gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ entre la última clase política tricolor actuante en el pasado sexenio, no fue el único y esos roles tienen fecha de caducidad de corto aliento.

Y enseguida, por ejemplo, porque hasta aquellos “reclamos” en la máxima representación popular del estado, siguen apareciendo tímidos, si se quiere decir, en descargo de aquellas tesis.

La investigación que propuso la bancada tricolor en la más reciente reunión de la diputación permanente, respecto de la frustrada compra de mochilas, incluye una serie de inconsistencias que parecen más para la justificación.

Aluden a una empresa fabricante que en realidad fue una comercializadora que las vendió -las mochilas- al gobierno de Guanajuato, distinta a la que le compró Tamaulipas; habla de remanentes cuando la transacción fue por el mismo stock, y confunde los precios de las adquisiciones de otros años del Estado sureño, contra los correspondientes al de la polémica.

El errático planteamiento se elimina de suyo, como para ser tomado en cuenta para una investigación.

Júrenlo, eso no causa encono al Estado tamaulipeco constituido y menos sería motivo para animar reclamos al pasado reciente.

El sistema fiscalizador legislativo local hoy transita una ruta y el Ejecutivo, por estos días, de lo que se ocupa es de prepararse a comparecer, precisamente al Congreso, para informar del estado que guarda la administración pública, cumplido el segundo año de ejercicio.

Entre esto y aquello, por quienes hurgaban por los motivos para celebrar una sesión extraordinaria del pleno legislativo en medio del receso y antes de la sesión solemne para el informe del viernes próximo, esta misma semana se da la nota.

Entre los 28 asuntos de la larga agenda dispuesta para la ocasión, dos corresponden a las donaciones que el Estado hizo a favor de la Secretaría de Marina, Armada de México, para la construcción de sendos cuarteles en Padilla y Camargo.

Al menos el primero de ellos esta misma semana se concluirá en sus trabajos y era menester regularizar la tenencia de la tierra sobre el que se ubican, por legalidad, por trámites y seguramente porque a vuelta de semana se anunciarán entre los logros del año ejecutivo.

Cuestión de orden, simple y llanamente.

En lo que hace al PRI Tamaulipas, en tanto de México deciden qué hacer con su dirigencia estatal, el mando actuante encabezado por SERGIO GUAJARDO MALDONADO, trabaja como si se fuera a quedar, sin desatender la agenda de temporada.

Si se queda en el cargo o quien llegue a relevarlo, no la van a tener fácil para remontar la curva descendente en que cayeron hasta ser marginados a la tercera posición electoral en el reciente proceso, por muy variados y conocidos motivos.

Hoy el mayor escollo que enfrentan es el económico, con la sentencia tan presente de su último ideólogo, don CARLOS HANK GONZÁLEZ: político pobre… pobre político.

Sus prerrogativas menguaron con la disminución del porcentaje de votos alcanzado en las urnas y las multas y sentencias laborales siguen atacando sus tesoros.

Hasta diciembre terminarán de pagar las multas al Instituto Electoral correspondientes a la elección del 2 mil 16 por el orden de los 15 millones de pesos, por las que les descuentan la mitad de las prerrogativas que les concede la ley.

Cumplida esa sanción, empezarán a descontarles las del 2 mil 17 que fueron de 10 millones de pesos y de este año, ya van 3.8 millones de pesos que les aplican en nuevas multas por las campañas de la reciente elección, más lo que se acumule.

De las viejas multas, mucho tuvo que ver lo relajado con que se dio el manejo administrativo, sin observar el orden legal administrativo, pero de las nuevas, hay una serie de sinrazones por las que el instituto político litiga reconsideraciones.

Por ejemplo, debido a que el candidato matamorense a la reelección municipal CHUCHÍN DE LA GARZA reportó el vehículo “blindando” en que andaba con una renta que al INE se le hizo poco, cotizándolo como nuevo, cuando es una unidad de casi 10 años de uso, les multaron con un millón y medio de pesos.

Del candidato de Nuevo Laredo les multaron con 600 mil pesos por no presentar facturas de pagos a las redes sociales, sin considerar que se trató de pagos electrónicos.

Recién ganaron un laudo laboral al ex Secretario Jurídico del Comité Estatal, quien reclamaba una indemnización por 9 millones de pesos -punto menos que todo lo que recibirán por prerrogativas en el año-, pero antes si debieron pagar una de 4 millones a un velador.

“No estamos en quiebra, pero si trabajamos en medio de una estricta austeridad, donde en principio, nos redujimos los salarios hasta la quinta parte de lo que antes se pagaba a los integrantes del Comité”, confió CHECO.

Esperan recuperar capacidad de maniobra si a nivel local se adoptan las medidas aplicadas a nivel nacional en el sentido de acotar el descuento por multas a la cuarta parte de las prerrogativas, en lugar de la mitad que sigue aplicando en el Estado.

Ese, que es el tema financiero, insistiremos, siendo importante, no es el único reto que enfrenta el PRI de cara a la siguiente elección, cuyo proceso ya ha iniciado; ya no siendo melón, ni sandía, la viabilidad del proyecto eventualmente será, ahora ser él, a quien toque ir “a las pegadas”.

En la agenda del desenlace del proceso electoral pasado, el ayer PRI anunció impugnará la reciente asignación de regidurías plurinominales para los cabildos del Estado, en lo que aseguró, el IETAM ha estado actuando de manera parcial, en contra de su instituto político.

En San Antonio, Texas, ayer el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, se reunió con organismos camarales de la vecina entidad norteamericana, en un encuentro donde se repasaron temas de interés binacional, como el desarrollo económico, energía, infraestructura y seguridad fronteriza.

Allá también estuvo el Congresista HENRY CUELLAR, como en la Víspera, con el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur de Texas, MANUEL PADILLLA jr., acompañaron la presentación de la ampliación de la Campaña de Seguridad y Prosperidad del área.

Así se refuerzan acciones contra los criminales que operan en la frontera Tamaulipas-Texas, con la participación de siete agencias federales de Estados Unidos y las dependencias de seguridad de Tamaulipas en una acción sin precedente de coordinación y comunicación que ya ha derivado en resultados exitosos.

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